Uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas en México se concretó en la sierra de Chihuahua, donde autoridades estatales y federales desmantelaron un enorme laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetamina.
El operativo, realizado de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y el Ejército Mexicano, colocó a Chihuahua en el centro de la estrategia nacional contra el narcotráfico. La acción ha sido presentada como una muestra de la política de seguridad impulsada por la gobernadora Maru Campos, quien ha apostado por una estrategia de colaboración institucional y resultados concretos en el combate al crimen organizado.
En medio de la controversia por la participación de instructores estadounidenses en tareas de capacitación, el caso también abrió un debate político a nivel nacional. Mientras desde el ámbito federal surgieron cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero, en Chihuahua se destaca que lo verdaderamente relevante fue el resultado: la localización y desmantelamiento de una de las mayores instalaciones para la producción de metanfetamina detectadas en el país.
Para sectores de la oposición, el caso evidencia un contraste entre la estrategia estatal y la reacción del gobierno federal. Sostienen que, mientras Chihuahua actuó con decisión y coordinación para golpear al crimen organizado, la Federación reaccionó solo después de que el operativo alcanzó notoriedad nacional. La comparecencia de Maru Campos ante el Senado, programada para el 28 de abril, se perfila así como un escenario clave en el debate sobre seguridad, soberanía y cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
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